El Comité de Defensa de JTA informó a la Internacional de la Educación que esta acción es tan solo la última de una serie de represiones gubernamentales de las libertades. Entre estas libertades se incluye la libertad de opinión y expresión, garantizada por la constitución del país y consagrada en los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos firmados y aceptados por Jordania.

 

Según JTA, la prohibición de la conferencia de prensa es una clara violación de los derechos de todos los ciudadanos jordanos y un pretexto para silenciar la disidencia pacífica.

 

 

El 24 de julio, la policía irrumpió en la sede de JTA en Ammán y en 11 de sus filiales de todo el país, las cerró y detuvo a 13 miembros del Consejo de JTA basándose en motivos legales dudosos.

 

El 23 de agosto, los miembros del consejo de JTA fueron liberados de la cárcel gracias a la campaña llevada a cabo por la Internacional de la Educación, que puso de relieve la situación. Entre otros factores que contribuyeron a su liberación se encuentra también la adopción de medidas a nivel internacional, que ejercieron una importante presión sobre las autoridades jordanas para que liberaran a los dirigentes de JTA.

 

 

Las autoridades han impedido o dispersado por la fuerza las protestas pacíficas que se están desarrollando y han detenido a casi 500 docentes y activistas. También han emitido una orden de mordaza que afecta a todo tipo de información que haga referencia a la situación, entre la que se incluye el intercambio de contenidos o los comentarios en los medios sociales.

 

Para el sindicato, el gobierno ha aprovechado el estado de emergencia ocasionado por la COVID-19 para aplacar la indignación pública provocada por el cierre arbitrario de JTA.